La reforma que permitiría salirse de la Corte IDH

El 14 de agosto de 2026, el diputado Gustavo Segura Figueroa (Renovación Popular) presentó, junto con otros diez diputados de su bancada, un proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José. De aprobarse, el Perú dejaría de reconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que el país acepta desde 1981 y que determina si un Estado ha violado los derechos humanos. Las víctimas perderían así la última vía de protección a la que pueden acudir cuando la justicia nacional les falla.

Por qué es grave

Es inconstitucional.

La Constitución reserva al Senado la aprobación de denuncias de tratados de derechos humanos (art. 56). El proyecto le otorga esa facultad solo al Ejecutivo, sin plantear la reforma constitucional previa que eso exige.

Parte de una lectura equivocada de qué hace la Corte IDH.

La Corte no es un tribunal penal y no determina la responsabilidad individual de una persona respecto de un delito —eso le corresponde al Poder Judicial peruano—; sino que determina si el Estado vulneró los derechos reconocidos en la CADH. No “protege criminales”: en casos como Castillo Petruzzi o Lori Berenson, ordenó nuevos juicios, no liberaciones.

No hay evidencia de que salir de la CADH reduzca el crimen.

Trinidad y Tobago denunciaron el tratado en 1998 y su tasa de homicidios se mantiene en 40 por cada 100,000 habitantes dos décadas después; Venezuela, que también denunció en 2012, sigue entre los dos países con más homicidios de la región en 2024.

Esta propuesta llega en un momento sensible.

Coincide con la Ley N.° 32419, que otorga amnistía a militares y policías procesados por el conflicto armado interno y que la propia CIDH pidió no aprobar, y con la promesa de campaña de la presidenta Keiko Fujimori: “Si hay que salir de la Corte IDH, lo haremos”.

Esta decisión debilitaría la protección de las víctimas del propio Estado.

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los agentes estatales fueron responsables de al menos un tercio de los asesinatos y desapariciones del conflicto armado interno.

No es la primera vez

Desde 2016, al menos siete proyectos de ley de distintas bancadas —Perú Libre, Unión por el Perú, Acción Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular— han buscado declarar de interés nacional o autorizar la salida de la CADH. Ninguno prosperó. El PL 0039 es el intento más reciente de una amenaza política recurrente.

¿Y el Gobierno?

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, afirmó que el gabinete no ha discutido una salida de la Corte IDH y que la medida no formó parte del plan de gobierno de Keiko Fujimori. Pero en los debates presidenciales, la entonces candidata sí lo planteó como posibilidad de “mano dura” — una contradicción que deja abierta la incertidumbre sobre el respaldo real del oficialismo a esta iniciativa.